Que los algoritmos están llamados a controlar el futuro, y casi el mismo presente, no es precisamente ningún secreto. Nuestra actual conducta en el ámbito del consumo viene determinada por ellos; otro tanto ocurre con la información que recibimos para formar nuestra opinión política; incluso los expertos militares están convencidos de que el factor decisivo en los campos de batalla del futuro vendrá determinado por la calidad de los algoritmos de cada combatiente. Es algo ya sabido. Pero lo que hasta ahora está pasando mucho más desapercibido es el impacto de los algoritmos en la aplicación práctica de las normas y de los procedimientos administrativos y judiciales, es decir, en el Derecho efectivo, o, mejor dicho incluso, en el Derecho positivo (strictu sensu). Su presencia está llamada a ganar un enorme protagonismo en los próximos años a medida en que las nuevas tecnologías  y la inteligencia artificial vayan invadiendo cada vez más ámbitos.
Pues bien, si queremos evitar retrotraernos a una época anterior a la de las XII Tablas, en la que el Derecho era un arcano sagrado conocido solo por los iniciados, resulta imprescindible empezar a preocuparse por el procedimiento de elaboración y control de los código fuente y de los algoritmos llamados a convertir el Derecho oficial en Derecho real. Como los sociólogos han demostrado, en una sociedad dominan las personas que consiguen mantener sus actos indeterminados o en libertad y, en consecuencia, impredecibles, mientras que determinan a su vez los actos de otras personas. A través del código fuente y los algoritmos la burocracia estatal y/o los poderes fácticos tienen a su disposición un nuevo instrumento de control de inimaginable potencialidad. Es responsabilidad de una sociedad democrática reaccionar frente a esa amenaza cuanto antes, elaborando los procedimientos de publicidad, transparencia y control que garanticen la pervivencia en el nuevo escenario tecnológico de los principios fundamentales del Estado de Derecho.