Resolución de 7 de febrero de 2012
Por tanto, se entiende que la defensa del principio constitucional de presunción de inocencia exige que el uso de la prueba indiciaria deba ser excepcional, y más aún en el caso de un expediente administrativo en el que se carece de la plenitud de los medios de prueba que existe en los procedimientos judiciales...
