Resolución de 22 de mayo de 2019 (BOE 10 de junio de 2019). Descargar
El objeto de la presente resolución es dilucidar si es o no inscribible la disolución de un condominio privativo que no constituye la vivienda familiar de los divorciados. La reiterada doctrina del Centro Directivo (Resoluciones de 25 de octubre de 2005, 24 de febrero de 2018 y 15 de febrero y 22 de mayo de 2019, entre muchas otras) sostiene que el convenio regulador no deja de ser un documento privado aunque sea homologado judicialmente, y aunque ésta abre el Registro de la Propiedad al convenio, solo será así cuando aquél no exceda del contenido típico del artículo 90 CC. Hay que partir de la base de que el procedimiento de disolución o divorcio no tiene por objeto la liquidación de la totalidad de las relaciones patrimoniales que existan entre los cónyuges, sino tan solo el de aquellas que deriven de su vida en común, esto es: disolución del régimen económico matrimonial o actos que afecten a la vivienda familiar. Todo lo que exceda de ello constituye acto o transmisión que queda fuera del ámbito de gravedad del procedimiento de liquidación y supone un negocio jurídico que conforme al principio de legalidad en su vertiente de titulación pública proclamado en el artículo 3 de la Ley Hipotecaria, ha de tener su propio reflejo documental.
En el presente caso, la Dirección declara que la existencia de un condominio de finca privativa adquirida en estado de solteros por los ahora divorciados, siempre que no tenga el carácter de vivienda familiar, requiere escritura pública.
