Resolución de 18 de Febrero de 2.009. (B.O.E. de 25 de Marzo de 2.009). Descargar Resolución.

Se presenta en el Registro de la Propiedad un mandamiento judicial ordenando una anotación preventiva de querella sobre fincas que aparecen inscritas a nombre de una persona jurídica que no ha intervenido en el procedimiento. Según el recurrente, los querellados son los únicos accionistas, titulares y propietarios de la Entidad jurídica que es la titular registral del inmueble sobre el que solicita la anotación.
Rechaza la D.G.R.N. el recurso señalando que es doctrina reiterada del Centro Directivo que las exigencias del principio de tracto sucesivo confirmen la postura del Registrador, toda vez que el procedimiento del que dimana el mandamiento calificado no aparece entablado contra el titular registral, sin que pueda alegarse en contra la limitación del ámbito calificador respecto de los mandamientos judiciales.
El artículo 20, párrafo último, de la Ley Hipotecaria introducido por Ley Orgánica 15/2.003, de 25 de Noviembre, ha facilitado la anotación preventiva en los supuestos de falta de tracto por aportación o transmisión de los bienes a sociedades interpuestas o testaferros, pero exige un doble requisito para que ello sea posible: que se trate de procedimientos criminales, y que a juicio del juez o tribunal existan indicios racionales de que el verdadero titular de los mismos es el imputado, haciéndolo constar así en el mandamiento. Esta última circunstancia no resulta de la documentación judicial aportada a este expediente, por lo que prevalece la regla general contenida en dicho artículo, cual es la de que no podrá tomarse anotación de demanda, embargo o prohibición de disponer, ni cualquier otra prevista en la Ley, si el titular registral es persona distinta de aquella contra la cual se ha dirigido el procedimiento.