Resolución de 23 de marzo de 2018 (BOE 6 de abril de 2018). Descargar Resolución.
La registradora considera que no es posible anotar un embargo porque no se ha acreditado la firmeza del decreto que ordena la anotación, decisión que es revocada por la Dirección General tomando como argumentos los artículos 451.3 y 454 bis.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que disponen que las actuaciones en esta cuestión el Letrado de la Administración de Justicia solo serán susceptibles de recurso de reposición ante el propio letrado o de revisión, no teniendo la interposición de dichos recursos efectos suspensivos, por lo que no puede exigirse firmeza para practicar la anotación. El requisito de la firmeza de la resolución judicial está plenamente justificado cuando se van a producir asientos definitivos, tanto de inscripción como de cancelación, puesto que, si se admitiera la práctica de los mismos sin ser firme la resolución que los ordena, podrían surgir en el ínterin terceros protegidos por el artículo 34 de la Ley Hipotecaria, que se apoyarían en asientos registrales practicados en virtud de un título que no es firme, haciéndose inviable la ejecución de la sentencia del órgano judicial superior revocatoria de la anterior. Por el contrario, tratándose de anotaciones preventivas, no existe ese peligro, porque se trata de asientos provisionales (vid. artículo 86 de la Ley Hipotecaria) que, además, no atribuyen al anotante la fuerza de la fe pública registral. Esta es precisamente la razón por la que el artículo 524.4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil solo impone el requisito de la firmeza en sentido estricto para la práctica de inscripciones o de cancelaciones, pero no para las anotaciones preventivas.
