Resolución de 1 de Agosto de 2.012. (B.O.E. de 5 de Octubre de 2.012). Descargar Resolución.
Se pretende la inscripción de una sentencia firme en que se declara la nulidad de un contrato de disolución de comunidad por delito de alzamiento de bienes, en un juicio en que la esposa del deudor, no fue acusada, pero si compareció como testigo.
La Dirección General, de nuevo, invoca el principio constitucional de la tutela judicial efectiva consagrado por la Constitución Española y el artículo 40, apartado d), de la Ley Hipotecaria, para exigir que el titular registral tiene que ser parte en el proceso para rectificar el contenido del Registro.
