UNA PRESCIPCIÓN INFAME

La instrucción de expedientes disciplinarios incoados contra funcionarios por medio de otros compañeros del mismo cuerpo funcionarial resulta una herramienta en muchas ocasiones de dudosa eficacia. Especialmente en sectores caracterizados por su fuerte corporativismo.
Un registrador de Madrid, conocido por su rebeldía frente a Ia ley, y por el gran numero de resoluciones estimatorias contra sus calificaciones que acumula, ha encontrado en ello su tabla de salvación.
La ley hipotecaria establece que el expediente debe resolverse en un plazo de nueve meses. En un procedimiento disciplinario que acumulaba más de diez denuncias ha bastado con que, mediante una tramitación llena de actuaciones artificiosas y retrasos, se haya conseguido superar el plazo, para que a pesar de los hechos 4 probados los tribunales hayan tenido que anular la sanción por la caducidad del expediente. Parece que, a pesar de lo que diga la Constitución, la ley no es igual para todos. ¿Consentirá la Dirección que queden estas conductas impunes?