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JOAQUÍN ESTEFANÍA
Periodista y economista. Fue director de EL PAÍS entre los años 1988 y 1993

No será la solución total a los problemas de corrupción, pero tampoco será un placebo contra la misma. Dependerá, sobre todo, del texto que finalmente salga del Parlamento y no del bienintencionado pero inoperante proyecto que entró en el Congreso de los Diputados después de haber sido aprobado por el Consejo de Ministros en julio de 2012. Se trata de la llamada Ley de Transparencia, Acceso a la Información y Buen Gobierno, una norma de la que hasta ahora se han dotado todos los países europeos excepto España, pese a que los dos partidos mayoritarios han anunciado varias veces, en diversas legislaturas, que era uno de sus objetivos.

"Se sabe, por evidencia empírica, que los países con mayores niveles en materia de transparencia y normas de buen gobierno cuentan con instituciones más fuertes, que favorecen ese crecimiento económico que tanto se desea"

La percepción de los problemas relacionados con la corrupción y la calidad de la democracia es tan alta que parece difícil pensar que en esta ocasión esa ley quedará otra vez varada. Según un sondeo de la empresa Metroscopia, muy reciente, el 96% de los ciudadanos españoles opina que la corrupción política es muy alta y sólo un punto menos (el 95%) entiende que los partidos políticos protegen y amparan a los acusados de corrupción. No pueden darse porcentajes más representativos, y ello que los mismos sólo se centran en la parte política del fenómeno de la corrupción y no contemplan, al mismo tiempo, la económica y la social (hay corruptores y corrompidos tanto en el sector privado como en el público), lo que limita el análisis de sus raíces. Según la organización no gubernamental Transparencia Internacional, seis de cada 10 ciudadanos en el mundo considera que la corrupción se ha incrementado en los últimos tres años, quizá como consecuencia del avance de la crisis económica, y ocho de cada 10 personas en el planeta afirman que los partidos políticos son corruptos o muy corruptos, siendo éste el sector peor evaluado.
Con estas sensaciones es urgente activar con urgencia los instrumentos de que se disponga (o las leyes que se puedan reformar) para limitar los estragos que la corrupción está causando en la moral de la ciudadanía. Uno de ellos es esa ley de Transparencia que todavía no lo es, que en su exposición de motivos dice algo tan sensato que parece mentira que hasta ahora no haya sido regulado: ?La transparencia, el acceso a la información pública y las normas de buen gobierno deben ser los ejes fundamentales de toda acción política. Sólo cuando la acción de los responsables públicos se somete a escrutinio, cuando los ciudadanos pueden conocer cómo se toman las decisiones que les afectan, cómo se manejan los fondos públicos, o bajo qué criterios actúan nuestras instituciones podremos hablar de una sociedad crítica, exigente y participativa?.
Se sabe, por evidencia empírica, que los países con mayores niveles en materia de transparencia y normas de buen gobierno cuentan con instituciones más fuertes, que favorecen ese crecimiento económico que tanto se desea. En esos países los ciudadanos pueden juzgar mejor y con más criterio la capacidad de sus líderes y decidir en consecuencia, lo que permite una mejor fiscalización de la actividad pública que contribuye a esa regeneración democrática de la que tanto se habla.

"Sería deseable que, siguiendo la estela de las más modernas Constituciones, se fundamentase el derecho de acceso a la información como un derecho fundamental, para que en caso de conflicto con la protección de datos, prevalezca el primero"

El texto de la ley de Transparencia que llegó al Congreso era un avance respecto a su inexistencia, pero podría ser otro brindis al sol se no se incorporan bastantes de los aspectos que han sido comentados para mejorarlo. Es significativo que se haya optado en esta ocasión por un proceso de consulta pública, de forma que los ciudadanos han podido opinar sobre el anteproyecto de forma previa a su tramitación parlamentaria. El presidente de la citada ONG Transparencia Internacional España, el catedrático de la Universidad Autónoma de Madrid, Jesús Lizcano, ha hecho algunas propuestas concretas para mejorar el texto, que probablemente pueden ser asumidas por el consenso de los estudios del fenómeno de la corrupción. Las más significativas de las críticas al anteproyecto es el hecho de que no se contempla ningún tipo de infracciones ni sanciones a los políticos y funcionarios públicos que incumplan las normas de transparencia, y que la Agencia responsable de garantizar el derecho a la información no es una Agencia independiente ya que se basa en la ampliación de un organismo ya existente, que se encuentra bajo la óptica o el ámbito gubernamental (de turno), y su presidente es nombrado a destituido de forma prácticamente por el propio Gobierno.
También sería deseable que, siguiendo la estela de las más modernas Constituciones, se fundamentase el derecho de acceso a la información como un derecho fundamental, para que en caso de conflicto con la protección de datos, prevalezca el primero.

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