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El advenimiento de la pandemia de coronavirus ha afectado de lleno a la actividad de la enseñanza. La imposibilidad de la asistencia presencial a las aulas ha alterado profundamente la dinámica de las clases, las expectativas de muchos alumnos y profesores –la vida es lo que te ocurre cuando estabas haciendo otros planes, decía Lennon- y ha generado gran confusión respecto a los procedimientos que era preciso seguir en la segunda ola.

Quizá este no es mal momento para plantearse, o replantearse, cuál es la situación actual de los estudios de Leyes, entre el desarrollo de las reformas del Plan Bolonia, la enseñanza líquida basada en el caso práctico y el uso obligado de los procedimientos telemáticos de enseñanza.
Sin duda, la imagen del profesor que desde la cátedra da una lección magistral que los alumnos, presentes en el aula, tratan de retener tomando apuntes que podrán conservar para consultar posteriormente, quedó obsoleta desde que se inventó la imprenta o al menos desde que el abaratamiento de los libros permitió el fácil acceso a la cultura jurídica y a los textos legales. Sin embargo, todavía en los años ochenta e incluso noventa el sistema ha sido este: las clases consistían en tomar apuntes, se ponían muy pocos casos prácticos y normalmente los libros sólo servían de apoyo. Entrados en el siglo XXI, la invención de la red ha revolucionado el acceso a la información y las comunicaciones. Hoy es muy fácil y rápido obtener el conocimiento que pocos años atrás exigía largas visitas a bibliotecas y tediosas transcripciones de información. Al mismo tiempo, la digitalización ha conducido a la virtualización de las relaciones, de los servicios y también de la enseñanza. La presencialidad de las personas y la materialidad de los instrumentos físicos necesarios para la enseñanza pasan a tener un papel secundario, e incluso dejan de ser posibles en un escenario de pandemia mundial.

"Quizá este no es mal momento para plantearse, o replantearse, cuál es la situación actual de los estudios de Leyes"

Pero es que, casi simultáneamente, la producción de normas se ha acelerado y su solidez y estabilidad se resquebrajan, por lo que la posibilidad de mantener una cultura jurídica actualizada y firme se convierte en tarea muy difícil, sometida a una permanente adaptación, no siempre al alcance de todos. A ello se añade que la globalización de las relaciones jurídicas impulsa el predominio de normas de uso internacional en los grandes contratos, en detrimento de la normativa local clásica. Todo ello ha impulsado reformas en la educación, como el Plan Bolonia, que han impulsado una formación que convierte al alumno en sujeto activo de su enseñanza y que se centra en habilidades y competencias prácticas, que se consideran acaso tan necesarias como los conocimientos en el nuevo mundo de las redes, la globalización y la tecnología.
Ahora bien, el Derecho es una ciencia social con características propias. O incluso no es ciencia: decía Julius von Kirchman que "sólo tres palabras del legislador para destruir bibliotecas enteras", negando así el valor del Derecho como ciencia. Pero, lo sea o no, también parece cierto que las reglas que el Derecho supone, aunque cambiantes, exigen unos conocimientos sólidos que no siempre se pueden sustituir por habilidades y destrezas prácticas sin una mínima base de aquellos, máxime en aquellos casos en que su ejercicio profesional se vaya a centrar en la aplicación de un Derecho nacional, escrito y estructurado. Por ello el Plan Bolonia también ha suscitado críticas.
En este número reflexionamos sobre la enseñanza del Derecho, evaluando la situación actual y presentando alternativas para el futuro.

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